Tras los conflictos debido a las sequías y los problemas con la contaminación, diversas organizaciones impulsan la elaboración de una ley del agua.
En días recientes, Cochabamba recibió a más de 100 representantes de organizaciones de este departamento, Chuquisaca y el norte de Potosí, quienes participaron en el “Encuentro de Elaboración Participativa de la Ley del Agua en Defensa, Preservación y Restauración del Agua para la Vida” de la Macrorregión Valles.
El objetivo es generar una norma nacional que incluya derechos y obligaciones en torno al recurso natural.
El secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático, Juan Carlos Alarcón, explicó que desde las organizaciones existe una demanda, tomando en cuenta los efectos de las sequías, con escasez de agua como las registradas en 2023, además de la contaminación.
“En Bolivia no hay una regulación del uso del agua. Por eso, se ha planteado trabajar en una normativa que gestione el agua en su elemento natural, teniendo en cuenta los ciclos del agua“.
Describió que el trabajo se va desarrollando con diferentes actividades en distintos departamentos del país.
La actividad más reciente, para recoger propuestas, fue en Cochabamba, y continuarán en otras regiones.
“Queremos que sea como una iniciativa ciudadana, desde la sociedad civil, generando propuestas”.
Programan un encuentro nacional, para luego concluir un proyecto de ley, enfocando al agua, ya no solo como un recurso, sino como un “sujeto de derecho, como un ser vivo”.
Alarcón agregó que se requiere que exista una autoridad que regule el uso del agua, tomando en cuenta el consumo humano, animal y la producción alimentaria.
El presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) Piñami Plan 50, del Distrito 5 de Quillacollo, Juan Pablo Quiroz, dijo que participaron en mesas de trabajo para actualizar una ley de agua.
“Si bien hay leyes sectoriales, no se ve una aplicación de los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado”.
Expresó su preocupación en torno al reconocimiento a los sistemas autogestionados que existen en varios municipios para la dotación del líquido, tomando en cuenta que las entidades prestadoras de servicios de agua y alcantarillado sanitario (EPSA) municipales no abarcan a toda la población.
Agregó que la autoridad de agua que requieren debería no solo fiscalizar, sino también ser de control social.
“Somos los sistemas autogestionados que necesitamos ser parte del directorio con poder de decisión, porque hasta ahora no tenemos apoyo”, sostuvo en torno a la regularización.
Mencionó también como importante lo referido a la educación ambiental, para conocer derechos y obligaciones; además de la disposición de recursos para los sistemas autogestionados.
El encuentro se desarrolló en el marco de los actos de conmemoración de los 25 años de la Guerra del Agua. Ese hecho puso en la agenda nacional e internacional la importancia de garantizar el acceso libre y equitativo a todas las personas e impidió que una empresa internacional administrara el manejo del agua cochabambina.
Los participantes reflexionaron sobre la protección de la naturaleza y de las zonas de recarga hídrica; agua para la producción de alimentos y otras actividades económicas; servicios de agua potable; y control regulatorio de los servicios y gestión estatal del agua. Además, expusieron su rechazo a la privatización del agua, enfatizando que la misma Constitución Política del Estado considera a este como un recurso de primerísima necesidad.
El tema del agua continúa siendo un aspecto sensible en el departamento de Cochabamba.
