La Contraloría General del Estado emitió el dictamen de responsabilidad civil rectificatorio al dictamen número CGE/DRC-002/2023 e hizo referencia a la existencia de indicios de responsabilidad civil contra 13 personas por el caso de despido de trabajadores del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa), en 2009.
Se trata de un proceso que suma 3.731.465 bolivianos.
El tema se remonta a 2009, cuando se dio el despido “injustificado”, según el informe de Contraloría, a decenas de trabajadores de Semapa.
Mediante el informe de auditoría preliminar número LC/EP12/Y19 R1, se establece la existencia de indicios de responsabilidad civil y civil solidaria de servidores y exservidores públicos, por pérdida de activos y bienes del Estado por negligencia, y responsabilidad de los empleados y funcionarios a cuyo cargo se encuentran.
Las 13 personas involucradas en el caso son Gonzalo T., Leonardo A., Jorge L., Alberto S., Carlos C., Jashir E., Isaac P., Julio O., Luis P., Luis O., Herlan B., Juan R. y Gamal S.
SIN NOTIFICACIÓN
Leonardo Anaya, quien durante el conflicto de 2009 era gerente de Semapa, informó ayer que no fue notificado.
Gamal Serhan, quien asumió el mismo cargo entre 2015 y 2018, explicó lo mismo; no recibió notificación. Recordó que fue involucrado en el tema cuando en su gestión se emitió una disposición de pagar más de 3.5 millones de bolivianos y, “en un mal cálculo” de otros funcionarios, según su versión, faltó dinero, por el cual ahora es implicado. Se trata de algo más de 30 mil bolivianos.
De acuerdo con el documento de la Contraloría, los hallazgos constatados en el informe de auditoría preliminar corresponden a pago de salarios devengados y demás derechos sociales dispuestos por autoridad judicial emergente de despidos injustificados; contribuciones, intereses por mora e intereses incrementales a las administradoras de fondos de pensiones Futuro de Bolivia S.A. y BBVA Previsión S.A., a consecuencia del pago de salarios y demás derechos sociales dispuestos por la autoridad judicial por despidos injustificados; y pago de honorarios profesionales al perito dirimidor que efectuó el cálculo de los salarios devengados y demás derechos sociales de los trabajadores despedidos injustificadamente.
El dictamen detalla que al concluir el plazo de procedimiento de aclaración, se evaluaron los descargos aclaraciones justificativos y pruebas, y se elaboró un informe complementario en el que se analizan los descargos, concluyendo con la ratificación a los cargos, la identificación de responsables y las sumas líquidas y exigibles de las obligaciones emergentes del daño económico ocasionado a la entidad.
De acuerdo con el documento, la Contraloría dictaminó indicios de responsabilidad civil y civil solidaria. En un total de 15 puntos se desglosaron los montos que suman los 3.731.465 bolivianos.
También se estipula en el dictamen: «Las personas involucradas deberán proceder con el pago, y el plazo de 10 días hábiles que correrán al siguiente día hábil de haberse notificado con el dictamen, caso contrario el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en el plazo de 20 días hábiles de recibido el dictamen y las notificaciones pertinentes, deberá iniciar la acción coactiva fiscal, sobre la base de los informes de auditoría citados».
El dictamen fue emitido en semanas pasadas.
El dictamen es un instrumento legal que permite a la entidad damnificada requerir a los responsables el pago del presunto daño económico y de ser necesario iniciar y proseguir la acción legal que corresponda.
Sobre el tema, el gerente de Semapa, Luis Prudencio, manifestó que recibieron el dictamen y aclaró que el mismo es “de cumplimiento obligatorio”.
Informó que coordina con asesores legales para hacerse cargo del tema.
“Más allá de eso, nosotros no tenemos ningún otro tipo de responsabilidad. Es de cumplimiento obligatorio. Estamos en eso”, sostuvo.
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