La Alcaldía de Quillacollo apunta a regularizar más de 20 mil edificaciones fuera de norma en el área urbana a través de la Ley Municipal 601/2022, que está vigente hasta febrero del próximo año (ver infografía).
El alcalde Héctor Cartagena señaló que la norma busca regularizar técnica y legalmente lotes con construcciones que están solamente en el área urbana sin multas.
“Esta ley está vigente para todos aquellos predios que aún no han consolidado el derecho propietario o la inscripción en el sistema catastral y de urbanismo”, dijo.
Entre tanto, el director de Urbanismo de la Alcaldía, Marcelo Paz, indicó que una de las ventajas de la norma es que los trámites se realizarán con celeridad y la “condonación en multas de tasas de aprobación” de planos de edificaciones.
“La ley está dividida en dos etapas. En la primera, que está vigente hasta febrero, se está haciendo la inscripción de los contribuyentes con la presentación de seis requisitos que son una solicitud dirigida al Alcalde, una fotocopia de la cédula de identidad del interesado, un croquis de la ubicación de la edificación, una copia del título de propiedad o minuta”, sostuvo.
Paz mencionó que entre los requisitos también figuran que los contribuyentes adjunten fotos del predio y de la construcción, además del comprobante de pago por concepto de inscripción.
Comentó que el Ejecutivo municipal contrató un equipo de arquitectos y abogados para agilizar los trámites de la regularización de edificaciones en las subalcaldías de los distritos 2, 8 , 10 y en las oficinas de la Dirección de Urbanismo, ubicada en el mercado Martín Cárdenas. Los horarios de atención son de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
El funcionario puntualizó que la normativa establece un pago único por tipo de trámites, que depende de las características de las construcciones.
“El pago por una construcción menor o igual a tres plantas es de 500 bolivianos, mientras que las superiores a tres pisos a 700 bolivianos”, precisó.
El Director de Urbanismo detalló que en el caso de los trámites mixtos de lotes y construcciones es de 500 bolivianos y en el caso de propiedad horizontal es de 700.
Añadió que, con el propósito de socializar los alcances de la ley, se coordina con diferentes juntas vecinales y organizaciones encuentros para explicar los detalles.
Respecto a la segunda etapa, la norma prevé que se llevará a cabo el trabajo de campo y la verificación de la información proporcionaba por los interesados.
El presidente del Control Social de Quillacollo, Óscar Pairumani, destacó la puesta en vigencia de la amnistía y remarcó que los distritos aguardaron por más de cinco años la aprobación de la norma.
Comentó que existe bastante expectativa entre los vecinos, porque reducirá la burocracia y el calvario para regularizar las edificaciones
Sin embargo, algunos pobladores de áreas productivas advirtieron que la norma está acelerando la urbanización de enclaves agrícolas, debido a que facilita la legalización de construcciones fuera norma.
Sin embargo, Pairumani enfatizó que los más beneficiados con la amnistía serán los vecinos que incluso han sido sancionados por la construcción de un muro y que no se afectará las áreas productivas, porque sólo los barrios que tengan planimetrías podrán inscribirse.
“Esto es para construcciones que se han levantado hasta diciembre de 2022 y también va a servir para generar más ingresos económicos para el municipio porque con la regularización más personas van a tener la oportunidad de pagar impuestos y eso se va traducir en más obras y en otras mejoras”, explicó.
