El pleno de la Cámara de Senadores aprobó ayer, en sus estaciones grande y detalle, y por dos tercios de voto el proyecto de ley de regulación de la preselección y habilitación de postulantes a magistrados de las elecciones judiciales; con esto, la tercera elección judicial de Bolivia se perfila para enero de 2024 y para febrero la posesión de los nuevos magistrados, según los plazos establecidos en el proyecto que fue remitido a Diputados para su revisión.
La propuesta de ley de 37 artículos, siete disposiciones adicionales y una disposición final fue respaldada por más de dos tercios de los legisladores de las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, como resultado de un acuerdo alcanzado en la “mesa de consenso” que trabajó un solo proyecto de ley entre el miércoles y la mañana de este jueves.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tendrá 45 días para realizar el proceso de preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).
De acuerdo con el nuevo cronograma, se prevé 15 días para la presentación de postulaciones, 10 días para la verificación de los requisitos, dos días para las impugnaciones, cuatro días para la resolución de las impugnaciones, entre otros.
El artículo 7 de la norma establece que las universidades públicas y privadas, los Colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, fundaciones y organizaciones civiles, empresariales, entre otras, podrán acreditar a un representante como veedor y fiscalizador de la fase de preselección.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen en calidad de igual manera como veedoras del proceso, según el artículo 8.
Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contará con los 90 día para organizar y convocar a las elecciones judiciales.
A partir de los plazos fijados en la ley, el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón, quien participó en la “mesa de consenso”, informó que la elección judicial se realizará en la primera quincena de enero y la posesión de las nuevas autoridades del Órgano Judicial y del TCP, en febrero.
“Las elecciones judiciales se las pueden hacer en las primeras semanas de enero, nosotros estimamos entre el domingo 14 de enero o el siguiente domingo, y la posesión de las nuevas autoridades judiciales, elegidas por el voto, a partir del lunes 12 de febrero”, detalló en radio Panamericana.
El mandato de los actuales magistrados concluye el 31 de diciembre de 2023, por lo que, a partir del 2 de enero, personal subalterno se hará cargo de las tareas pendientes de las cuatro instancias e implementará una transición ordenada hasta que asuman los nuevos consejeros y magistrados electos.
Para ello, el proyecto de ley establece que “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”.
El personal subalterno tendrá, además, que preparar los expedientes, información sobre el personal y los temas presupuestarios.
