Las asociaciones de porcinocultores de Cochabamba se declaran en emergencia y ven riesgo de cierre de decenas de granjas debido a que, desde su punto de vista, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) podría cerrar granjas “a sola denuncia”. Piden anulación de normativa referida al tema.
El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, expresó que las asociaciones aglutinan a más de 8 mil familias en más de 800 granjas, y que producen aproximadamente 1.200 toneladas de carne de cerdo cada mes.
“El producto ha ido disminuyendo el último tiempo porque nos falta seguridad jurídica. Asimismo, hemos visto cómo arbitrariamente, violentando la propia Constitución Política del Estado que reconoce el derecho al trabajo, se han ido vulnerando y cerrando algunas unidades productivas”, sostuvo Morales.
El presidente de la Asociación Departamental de Productores Porcinocultores de Cochabamba (Adepor), Álvaro Layme, expresó que se encuentran en estado de emergencia.
“Nuestras unidades productivas durante los últimos años están siendo violentadas de manera flagrante por autoridades del Senasag. Nosotros, como sector productivo, tenemos un registro de administración denominado Regensa (Reglamento General de Sanidad Animal), en el cual basamos nuestras actividades cumpliendo con la Constitución Política del Estado y asimismo dando fe a lo que es el Decreto Supremo 1809 que es producir alimento para la población”, manifestó.
NORMATIVA VIGENTE
El dirigente cuestionó la normativa en la que se apoyaría el Senasag para el cierre de granjas.
El Artículo 3.2.16 establece que existen dos causas de suspensión del registro sanitario de los establecimientos y predios pecuarios: 1. Sanitaria (a. Ante la ocurrencia de una enfermedad bajo programa, emergente, exótica y/o enfermedad cuarentenaria, confirmada con diagnóstico de laboratorio oficial y no denunciada al Senasag; b. Ante el incumplimiento de medidas sanitarias establecidas en el presente reglamento) y 2. Administrativa, resultado o asociado a procesos administrativos o judiciales que requieran la suspensión del registro. “La suspensión podrá ser temporal o definitiva”.
A interpretación de los porcinocultores, eso “indica una sanción administrativa a sola denuncia”.
Layme expresó que se sienten vulnerados y amenazados por parte de la misma autoridad municipal o por parte sindical.
“A simple denuncia, Senasag está clausurando las unidades productivas. Esto atenta directamente contra el derecho al trabajo, contra la economía de las familias”.
El representante pidió la anulación del decreto que iría contra su sector.
Por su lado, la presidenta de la Asociación de Productores con Registro, Roxana Veizaga, recordó que su sector está golpeado desde 2019.
“Es una crisis de la cual no estamos pudiendo levantarnos; y sumado a eso viene esto lo que es el Senasag que está haciendo la clausura de establecimientos (…). En combinación con algunos municipios., están tomando la potestad de cerrar los predios y eso no podemos permitir porque tenemos el Decreto Supremo que fenece justamente en noviembre del año el curso a la cual también pedimos una ampliación al gobierno nacional. Eso ampara, al sector”, afirmó.
Añadió aspectos como la subido de precios en alimento para su ganado, productos veterinarios y otros.
“Es momento de que el gobierno venga y se siente con nosotros para revisar estos puntos del Regensa y dejarlos sin efecto”, insistió.
OPINIÓN intentó contactarse con el jefe del Senasag en Cochabamba, Juan Martínez. Pero, desde la institución se informó que se encontraba en una reunión.
