El ministro de Justicia, Iván Lima, responsabilizó a la Asamblea Legislativa por bloquear varios proyectos de ley que responden desde hace mucho tiempo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destinados a mejorar estructuralmente la administración de justicia en el marco de una reforma judicial en Bolivia.
Mencionó el proyecto de Ley de Manillas Electrónicas como bloqueado por Andrónico Rodríguez en el Senado, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Penal y otras medidas propuestas para garantizar mecanismos independientes, considerando la aplicación de estándares internacionales sobre la detención arbitraria y el debido proceso en casos con posibles motivaciones políticas.
En declaraciones al programa «Hagamos Democracia» de la red Erbol, recordó que el informe del GIEI ha generado un mecanismo internacional que ha llevado a una revisión de graves violaciones a los derechos humanos. Lima señaló también que el fortalecimiento de la justicia indígena originaria es una deuda que tiene el Estado boliviano, ya que la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional «no es una buena ley, pero solo se puede cambiar en consulta con los 36 pueblos indígenas».
Subrayó que hace tres años, el Órgano Ejecutivo presentó el proyecto de Código Procesal Agroambiental, y también atendió la recomendación de anular la figura penal de terrorismo. Además, el Ejecutivo presentó una acción de inconstitucionalidad porque la Asamblea no cumplía con su trabajo sobre la figura del terrorismo.
Explicó que también ha modificado la figura del tipo penal de Incumplimiento de Deberes. Lima recordó que cuando se planteó un proyecto de ley para cambiar el tipo de financiamiento al terrorismo y otros delitos como el de la tortura, una movilización nacional se opuso a la adecuación de la legitimación de ganancias ilícitas al estándar internacional, motivo por el cual terminó siendo suspendido por la Asamblea Legislativa.
«Tenemos una Asamblea Legislativa que, además de bloquear créditos, está bloqueando la reforma judicial. No tenemos resultados en la protección de niños y mujeres porque rechazaron el proyecto de Ley de Imprescriptibilidad de Violación a Niños. No han tratado el Código Procesal Agroambiental, no han tratado el proyecto de Ley de Asistencia Familiar, ni el proyecto de ley de adecuación de tipos penales», declaró.
Manifestó que, en la solicitud de reforma integral a la justicia planteada por la CIDH, el cuestionamiento es al Estado, y el Estado no solo es el Órgano Ejecutivo, sino también la Asamblea Legislativa.
