Sergio Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete y mano derecha del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, está a un paso de ingresar a la cárcel de San Pedro de La Paz, por la compra irregular de gases lacrimógenos para la Policía entre 2019 y 2020.
Bajo resguardo policial, el exfuncionario arribó al aeropuerto Viru Viru la mañana de este miércoles después de haber sido deportado desde Estados Unidos donde cumplía una condenado por lavado de dinero.
Una vez que piso suelo boliviano, el Ministerio Público activó un proceso legal en su contra y le notificó con un mandamiento de aprehensión emitido por un tribunal de La Paz por el delito de legitimación de ganancias ilícitas relacionadas con el caso gases lacrimógenos.
Posteriormente fue trasladado a la sede de gobierno y cerca de las 13.30, llegó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). En ese lugar fue lleva a la División de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y después, pasadas las 14.40 ingresó a celdas policiales donde aguarda su audiencia cautelar.
El fiscal departamental de La Paz, William Alave, adelantó que se solicitará la audiencia su detención preventiva en el penal de San Pedro por el lapso de seis meses.
«El señor (Sergio) Méndez Mendizábal ha sido declarado rebelde ante la ley por el Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, quien ha emitido un mandamiento de aprehensión, ejecutado por el Ministerio Público y la Policía el día de hoy, para que se presente a la audiencia de solicitud de medidas cautelares», señaló.
Además, el Fiscal Departamental indicó que, tras la audiencia cautelar, seguirá el inicio del juicio donde además de Méndez se encuentran otros implicados en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, donde se pedirá una condena de 12 años de privación de libertad.
El exjefe de gabinete de Murillo fue condenado en Estados Unidos en 2022 a tres años y seis meses de cárcel por conspiración para cometer lavado de dinero. Según el Registro de Presos Federales de ese país, fue liberado el 17 de mayo de 2023. Sin embargo, no fue hasta este miércoles en la madrugada que llegó al país, según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Tras una investigación realizada por la Fiscalía en mayo de 2021, se determinó que la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), con sede en Florida, se adjudicó de forma directa la compra de gas lacrimógeno y otros equipos no letales por cerca de $us 5,6 millones, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.
El principal implicado en la compra irregular del material antidisturbios durante el Gobierno transitorio es Murillo, quien se encuentra detenido desde mayo de 2021 en Estados Unidos. En octubre de ese mismo año, se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero y recibió una sentencia de 5 años y 10 meses.
Según los documentos de la investigación, el exministro recibió al menos $us 532.000 a cambio de ayudar a la empresa BTS a obtener el contrato de aproximadamente $us 5,6 millones.//
