La libertad de prensa empeora en Bolivia, revela la última clasificación de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre este tema, que indica que el país pasó de ocupar el puesto 117 en 2023 al 124 este año.
Con esos resultados, Bolivia es considerado como un país con una “situación difícil” para el trabajo periodístico, según se desprende de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF.
“En Bolivia, los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente contra la libertad de prensa. Los ataques hacia los periodistas se han intensificado, especialmente los de la policía”, se lee en el informe.
RSF, una organización no gubernamental, anualmente presenta su clasificación con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra cada 3 de mayo. Su informe contempla cinco pilares: los indicadores político y económico, el marco legal, el contexto sociocultural y la seguridad de los periodistas.
La clasificación establece cinco indicadores: buena situación (puntuaciones de 1 a 8), situación más bien buena (9-45), problemas significativos (46-95), situación difícil (96-144) y situación muy grave (145-180)-
A nivel global, el país mejor ubicado es Noruega y el peor, Eritrea (África Oriental, en el puesto 180).
En la región, los últimos puestos los ocupan Cuba (168), Nicaragua (163) y Venezuela (156). Todos están considerados como países con una situación muy grave.
Lo político, la principal amenaza
A escala mundial, las autoridades políticas son las principales amenazas para la libertad de prensa. De los cinco indicadores que conforman la puntuación, el político es el que más desciende en 2024, con una caída de 7,6 puntos.
En Latinoamérica, más de la mitad de los países experimentan un deterioro de su situación, debido principalmente a la caída del indicador político.
“Cada vez son más los líderes políticos que estigmatizan a los periodistas y a los medios de comunicación en sus discursos. A ello se suman las campañas de desinformación, las acciones judiciales abusivas y la propaganda estatal, que fomentan la desconfianza hacia la prensa y favorecen la polarización. Esta violencia, unida a las agresiones físicas contra periodistas con total impunidad, están creando un clima de autocensura en América del Sur y Centroamérica”, se lee en el documento.
Detalles de Bolivia
El estudio de RSF identificó que en Bolivia el Estado controla numerosos diarios y aumentó “la vigilancia sobre los medios críticos, especialmente en las redes sociales”. Además, detectó que “una de las consecuencias de los lazos que unen a los propietarios de los medios y al Estado es la autocensura”.
Puntualizó que el período comprendido entre los conflictos de 2019 y la llegada al poder del presidente Luis Arce estuvo caracterizado “por numerosos ataques contra la prensa: intimidaciones, hostigamiento, agresiones físicas, robo de material, y censura en radio y televisión. La estigmatización se está convirtiendo en una práctica común, mediante el acoso verbal a los periodistas y ataques a su reputación”.
Además, desde 2020, los ataques físicos contra los periodistas se intensificaron, especialmente en las zonas rurales. “Muchas emisoras de radio y televisión se han visto obligadas a suspender su actividad y sus redacciones han sido saqueadas”. Se alerta de casos de secuestro y tortura de periodistas que siguen impunes.
El informe agrega que a nivel legal “los periodistas considerados como molestos, son objeto de ensañamiento judicial” y añade que el Decreto Supremo 181 de 2009 establece que los trabajadores de prensa que “mientan”, “hagan política partidista” u “ofendan al gobierno” pueden dejar de recibir ingresos provenientes de la publicidad estatal.
La clasificación también observa que las detenciones arbitrarias y un alto nivel de impunidad favorecen “significativamente” a la autocensura. Se añade que asesinatos de periodistas siguen impunes, como los de los hermanos Verónica y Víctor Hugo Peñasco Layme, quienes murieron cogoteados en febrero de 2012 en El Alto cuando iban a las radios donde trabajaban.
En cuanto a lo económico, el informe también detecta una gran precariedad laboral, profundizada por el hecho que los medios independientes sufren presiones económicas particularmente a través de la repartición de la publicidad institucional, lo que contrasta con la situación de los medios de comunicación vinculados al Estado que “disfrutan de privilegios”.
