El análisis crítico de la política hidrocarburífera en Bolivia ha cobrado relevancia luego de las declaraciones del presidente Luis Arce durante la inauguración del XX Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz. En sus palabras, Arce afirmó que «el gas se ha agotado» en el país, generando un debate sobre el futuro energético de Bolivia.
Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, ha subrayado la importancia de estas afirmaciones, resaltando las consecuencias financieras negativas que enfrenta Bolivia debido a la disminución en los ingresos por exportación de gas.
La producción de gas en Bolivia ha mostrado una tendencia decreciente desde 2015, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo del sector. Velásquez enfatiza la urgencia de abordar este problema de manera integral, reconociendo la necesidad de reformular la política hidrocarburífera que ha estado en vigor durante los últimos 18 años.
A pesar de la importancia del sector de hidrocarburos en la economía boliviana, contribuyendo con aproximadamente el 50% de los ingresos totales del país, equivalentes a 2.600 millones de dólares anuales, Velásquez señala una preocupante dependencia económica y la falta de alternativas viables para diversificar la economía.
Desde 2005 hasta 2022, Bolivia ha recibido alrededor de 43 mil millones de dólares por la explotación de hidrocarburos, beneficiando a diversas áreas como el gobierno central, universidades, gobernaciones, municipios, entre otros. Sin embargo, Velásquez advierte sobre una mentalidad rentista arraigada en la población, que ha descuidado la diversificación económica y el desarrollo de otros sectores, reflejándose en la política hidrocarburífera que prioriza beneficios a corto plazo en lugar de inversiones sostenibles.
La falta de una visión a largo plazo en la política hidrocarburífera, evidenciada desde la implementación de la Ley 3058 y tras la “guerra del gas”, ha contribuido al estancamiento del sector. Velásquez también destaca la desinstitucionalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como un factor que ha debilitado la capacidad del Estado para gestionar eficientemente los recursos hidrocarburíferos.
En conclusión, la situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de replantear la política hidrocarburífera de Bolivia, promoviendo el cambio de condiciones para la inversión privada que es de alto riesgo, la inversión en infraestructura y la sostenibilidad a largo plazo. De lo contrario, el país continuará enfrentando desafíos significativos en su desarrollo económico y social.
