La declaración formal de que Ecuador vive un «conflicto armado interno», tal como decretó el martes el presidente Daniel Noboa, ha evidenciado hasta qué punto los grupos criminales han extendido su poder y su presencia, palpable tanto en el sistema penitenciario como en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, y que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos.
La inestabilidad política y económica de los últimos años ha terminado de convertir a Ecuador, considerado en su día como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento de toda la región. El año 2023 cerró con unas 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
La tasa se dispara en ciertas provincias y, de hecho, países como España recomiendan evitar los viajes a las regiones de Guayas y Esmeraldas, consideradas el epicentro de la criminalidad. En el barrio de Nueva Prosperina, en Guayaquil, el índice de homicidios asciende a 114 muertes por cada 100.000 habitantes, según fuentes oficiales citadas por el diario ‘El Universo’.
Sólo el martes, ocho personas murieron asesinadas en la ciudad de Guayaquil, según un balance de las autoridades locales.
El expresidente Guillermo Lasso decretó más de una decena de estados de excepción durante su breve mandato, en el que promovió operaciones policiales y militares en algunas de las principales cárceles del país, escenario de masacres y que permanecían virtualmente al margen del control del Estado, en beneficio de las bandas.
Ecuador, no en vano, es un país clave en la ruta del narcotráfico en Estados Unidos y en los últimos años los grupos locales han estrechado lazos con cárteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hayan logrado encontrar la fórmula de contener su constante expansión.
LA FUGA DE ‘FITO’
El domingo, las autoridades confirmaron la desaparición de la cárcel de uno de los grandes símbolos de esta red delincuencial. José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros y señalado como posible autor intelectual del asesinato en agosto del candidato presidencial Fernando Villavivencio, desapareció de una cárcel de Guayaquil antes de ser trasladado a otro centro de máxima seguridad.
La fuga de quien estaba considerado el hombre más peligroso del país evidenció de nuevo las grietas del sistema y llevó a Noboa a declarar el lunes el estado de excepción. «Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer», proclamó, en un discurso a la nación en el que atribuyó una ola de motines en cárceles precisamente a la decisión de las actuales autoridades de hacerles frente.
El estado de excepción, en vigor durante 60 días, implica la movilización de la Policía y las Fuerzas Armadas y lleva aparejada un límite de ciertos derechos y libertades, por ejemplo con la imposición de un toque de queda que limita la movilidad de la ciudadanía entre las 23.00 y las 5.00 horas.
VIOLENCIA ANTE LAS CÁMARAS
Con la mecha ya prendida, los incidentes violentos se sucedían. Al secuestro de un grupo de policías se sumaba el martes otra simbólica fuga de prisión, la de Fabricio Colón Pico, alias ‘capitán Pico’, detenido a finales de la semana pasada tras amenazar con asesinar a la fiscal general del país, Diana Salazar.
Sin embargo, lo que terminaría dando la vuelta al mundo serían las imágenes de un comando de encapuchados armados tomando la sede de la cadena TC Televisión, en el norte de Guayaquil, en plena emisión. La Fiscalía ha informado de que procesará a 13 personas por terrorismo por este asalto, que concluyó sin víctimas tras una intervención de la Policía.
Al menos diez personas han muerto, entre ellas dos policías, y unas 70 han sido detenidas en la espiral de violencia de las últimas horas, que llevó a Noboa a dar un paso más declarando que Ecuador vive un «conflicto armado interno». La orden implica identificar a más de una veintena de organizaciones como «grupos terroristas y actores no estatales beligerantes» y emplaza a las Fuerzas Armadas a adoptar las medidas que sean necesarias para «neutralizarlos».
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ha advertido posteriormente de que «todo grupo terrorista mencionado en el decreto es un objetivo militar», en un mensaje a la nación que ha pronunciado acompañado de otros altos cargos de seguridad, incluidos los ministros de Gobierno y Defensa. Unos 47.000 uniformados están a disposición de la Presidencia.
En este escenario de caos, algunos comercios han optado por cerrar sus puertas e incluso el Ministerio de Educación ha emplazado a las escuelas situadas en las inmediaciones de las cárceles a dar clase de manera telemática. El Gobierno ordenó el martes la evacuación de los edificios públicos igualmente como medida de precaución.
