El inicio del juicio oral por el caso Decretazo fue postergado hasta el 27 de mayo debido a la ausencia del principal acusado, el gobernador encarcelado de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz había determinado que Camacho sea trasladado desde el penal de Chonchocoro de La Paz -donde cumple detención preventiva desde diciembre de 2022- a Santa Cruz para participar de la audiencia de manera presencial.
En primera instancia, el juicio debía iniciar el 11 de marzo, luego fue postergado hasta hoy, 11 de abril, y ahora hasta el 27 de mayo, ante la imposibilidad de poder trasladar al exlíder cívico.
El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, ya había adelantado que no existen las garantías ni condiciones para el traslado de Camacho.
La autoridad alertó que la presencia de Camacho podía generar convulsión en Santa Cruz, además señaló que los privados de libertad de Palmasola emitieron una resolución en la que rechazan el traslado del Gobernador.
Incluso, el Ministro aseveró que si el Tribunal insiste en realizar la audiencia de manera presencial se brindará las garantía para que los jueces puedan trasladarse a La Paz e iniciar el juicio en el penal de Chonchocoro.
Al respecto, Camacho, a través de un escrito en sus redes sociales, aseveró que su traslado no generará convulsión en Santa Cruz, aunque sí habló de la posibilidad de que el «pueblo se levante» debido, dijo, a la crisis que se vive en el país.
«Los riesgos de convulsión social no tienen nada que ver con mi traslado. Si el pueblo se levanta, será por la crisis política y económica causada por su falta de capacidad para gestionar el país», advirtió.
Entretanto, la defensa del gobernador cruceño argumentó que la presencia del gobernador es vital para el desarrollo de este proceso y que la Justicia debe garantizar que esté físicamente en el inicio del juicio oral.
Caso «Decretazo»
Luis Fernando Camacho es investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.
En dicho decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.
Fue hasta octubre de 2023, que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado «caso Golpe de Estado I», proceso activado por la exdiputada Lidia Patty, por la crisis y los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
