En Bolivia, hay 60 mil enfermos con cáncer, con un incremento de 7 mil casos anuales, en promedio; en algunos años, hasta 15 mil; el número de muertes también es alto. Además, hay pacientes con Alzheimer, glaucoma, artrosis, artritis, fibromialgia y más, que podrían reducir su dolor con medicamentos elaborados con cannabis. Existen personas que quieren sufrir menos, familias que les buscan aceite de cannabis en el extranjero, médicos que prescriben y facilitan el producto desde el anonimato y colectivos que combaten ante la prohibición que aún existe en el país.
Ahora, ya existe el proyecto de Ley de Implementación del Cannabis y sus Derivados para uso Medicinal y Terapéutico en Bolivia, que fue presentado en semanas recientes por la senadora cochabambina de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos.
Durante el diálogo ‘La regulación de las drogas como mecanismo de lucha contra el narcotráfico’, en Diálogos de Café, participaron la senadora Barrientos, la abogada y representante de Acción Andina Gloria Rose Achá y el investigador Gonzalo Flores. Ahí se analizó el proyecto de ley y surgieron nuevos planteamientos, como la incorporación del autocultivo de cannabis.
Barrientos recordó que la presentación de este proyecto se postergó más de un año, debido a la coyuntura y otros aspectos que, a su parecer, impedían el debate.
El proyecto de ley tiene seis artículos y una disposición. Buscan generar espacios de debate y diálogo para recabar planteamientos que puedan incluirse en el documento.
Resaltó que su propuesta se enfoca en la salud pública y el acceso a una vida digna.
“Para nosotros, que exista una ley de implementación del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, es realmente cambiarle la calidad de vida a la gente”.
Remarcó que, en la actualidad, existe un mercado negro muy grande para adquirir cannabis medicinal en gotas, galletas, gomitas, pomadas. Se trata de un mercado en el que pacientes y familiares se arriesgan, porque desafían a la ley vigente.
“PROHIBICIONISTA”
La abogada Achá dijo que la propuesta de ley es parte de las luchas y movimientos que hay en el mundo para modificar la política “prohibicionista” de drogas.
“El uso medicinal del cannabis es lo más alejado del narcotráfico; pero, es parte de la prohibición y es parte de todo el modelo de fiscalización que tiene además un carácter prioritariamente punitivo”, cuestionó.
Explicó que, en la actualidad, el modelo de fiscalización de drogas que se aplica en Bolivia está sustentado por las tres convenciones internacionales que son la base sobre la cual todos los países del Mundo elaboran sus políticas y sus leyes en materia de drogas; se refirió a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
Detalló que en el país solo hay una política diferente en el ámbito de la coca y que, en los demás temas referidos a la droga, “nuestro país es prohibicionista como los demás”.
Remarcó que, en Bolivia, “el consumo es delito”, y que esto incluye el medicinal que, es parte del Artículo 49 de la Ley 1008, que se sanciona de manera penal.
“A nivel internacional, ni por las convenciones ni Naciones Unidas existe ninguna objeción a que se regule el cannabis medicinal. Más bien, es lo que proponen y recomiendan los organismos internacionales en Las Américas”, sostuvo.
El asambleísta departamental de Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) Pedro Badrán también observó que la lucha contra las drogas termina criminalizando a la víctima y que, entre otros aspectos, la norma vigente permite “la libre interpretación de los jueces”, ya que alguno puede determinar que lo que una persona tenía era para consumo y otro, para tráfico, como ejemplo.
“CONFUSIONES”
El investigador Flores expresó que con estas políticas hay una confusión muy “interesante” porque no se conoce el bien jurídico que se desea proteger y eso es importante desde el Derecho.
“Las penas y las sanciones contra el robo y el hurto protegen la propiedad privada, las que se aplican contra la adulteración de alimentos protegen el derecho a la salud, las que se aplican contra la conducción imprudente protegen el derecho a la seguridad, etcétera. Pero, no está claro cuál es el bien jurídico que protege la legislación antidrogas”, reflexionó.
Para Badrán, aunque con bastantes limitaciones, el proyecto de ley termina siendo una punta de lanza para continuar.
ACCESO POR AUTOCULTIVO
Durante el diálogo surgió el tema del autocultivo como una forma de acceso directo para los pacientes.
El asambleísta Badrán manifestó que será importante que en lo referido al registro de laboratorios y la industria farmacéutica que contempla la propuesta legislativa se pueda habilitar “una pequeña parte para que las personas tengan acceso al autocultivo de la planta”, considerando a quienes elaboran su medicina de manera artesanal.
“Esto implica también mantener la medicina dentro de un acceso barato, ya que podría incluso volverse caro si lo que tienen que hacer es comprarlo en una farmacia”, dijo, refiriéndose a la producción de aceite o ungüento.
La parlamentaria Barrientos explicó que este tema no está implementado en el proyecto de ley.
“Pero, nos interesa que se genere el debate respecto al autocultivo, además el debate sobre la producción de semillas, de investigación”.
Enfatizó que las universidades estarían involucradas en la investigación, al igual que la industria farmacéutica.
“Claro que tiene que ser una industria que va a crecer significativamente; pero, en esa cadena de valor, quién va a producir, quién va a vender, quién va a industrializar. Esa cadena de valor es una industria que anualmente mueve más de 90 millones de dólares. Además, en la planta de marihuana no desperdicias nada”.
LO RECREATIVO
Aunque los expositores hicieron referencia al consumo recreativo del cannabis, reconocieron que existen actores conservadores en el país, por lo que le tema se trata con cuidado, y no está incluido en el proyecto de ley.
“Hemos visto que en el lobby político no había la apertura necesaria, incluso dentro de nuestra bancada para discutir el tema recreativo. Si me preguntan a mí, yo creo que es un tema de libertades individuales en la sociedad”, comentó Barrientos.
Adelantando la posibilidad de las voces contra este proyecto, el investigador Roberto Laserna sugirió, para la defensa de la iniciativa, el despliegue de todo el arsenal de libertades “para defender el derecho de los ciudadanos a decidir lo que consumen y no consumen, lo que producen y no producen”.
OTRAS EXPERIENCIAS
Flores, por su lado, propuso ir en este camino junto a otros países, tomando en cuenta que el tema es de carácter internacional, vinculante con las convenciones de 1961 (corregida en 1972), 1971 y 1988. Laserna añadió que se deben considerar experiencias concretas de otros lugares.
Flores acotó que entre los beneficios de una despenalización está incluso el eliminar hechos de corrupción, porque habría exportación legal y con ingresos para el país.
Citando a Paracelso, Laserna manifestó que “la única diferencia entre el veneno y el remedio es la dosis”.
“Eso se aplica para todos los productos, empezando por el café, el whisky y el singani que consumimos hasta las drogas más duras (…). Yo creo que la defensa de una iniciativa como esta, que es por supuesto muy importante, no debería quedar solamente en los derechos de los enfermos a tener una un alivio a su enfermedad”, expresó, y agregó que la política antidrogas fracasa hace décadas.
Alezo Bellota, representante de Papa Ganjah, enfatizó que al ser Bolivia uno de los últimos países en la región al tocar el tema, se debe sacar provecho, aprender de otras experiencias y tomar lo que mejor se pueda acoplar a la realidad nacional.
