La detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán por el caso Golpe de Estado I fue ampliada por cinco meses, en una audiencia virtual en el Juzgado Primero Anticorrupción.
La exdiputada del MAS Lidia Patty es la principal denunciante en esta demanda que exige el esclarecimiento y el grado de responsabilidad por los hechos de violencia que derivaron en el golpe de Estado y la dimisión del entonces presidente Evo Morales en noviembre de 2019.
Áñez permanece con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Fue aprehendida en marzo de 2021 en Trinidad, Beni. Tomó el poder en noviembre de 2019, como resultado de un acuerdo político-cívico sellado en ambientes de la Universidad Católica Boliviana (UCB).
Detención
En la ampliación de la detención preventiva también está incluido el general Pastor Mendieta, quien fue comandante del Ejército durante la crisis que desencadenó en la interrupción de la gestión de un gobierno electo por el voto, señala un reporte de la Agencia Boliviana de Información (ABI).
La también exsenadora tiene una sentencia de 10 años de cárcel por la forma como tomó el poder en 2019, luego de autoproclamarse presidenta de la Cámara de Senadores, en una sesión sin quórum y pese a ser de la minoría.
También tiene procesos por la designación irregular de una autoridad en la estatal Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), por la ampliación de la concesión de Fundempresa y por las masacres de Sacaba y Senkata, donde la intervención policial-militar de protestas sociales acabaron con la vida de más de una veintena de personas por impactos de bala.
Dentro de este proceso, el 30 de junio de este año, la Fiscalía notificó por edictos a un exministro y cuatro exautoridades militares y policiales en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, por el caso Golpe de Estado I.
Notificados
Los notificados son Luis Fernando López, exministro de Defensa; el excomandante policial Yuri Calderón, los excomandantes militares Williams Kaliman y Sergio Orellana; y Jorge Fernández, exinspector general de las Fuerzas Armadas.
El principal acusado del caso Golpe de Estado I es el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está con detención preventiva en el penal paceño de Chonchocoro.
En 2019, Camacho era presidente del comité cívico cruceño y lideró las protestas contra Morales, tras denuncias de un supuesto fraude electoral. Además, el líder cocalero renunció a la presidencia asfixiado por un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
En su libro “Jeanine, de puño y letra”, Áñez recordó el rol central de Camacho antes, durante y después de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019.
Recordó que habló con el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz en la Academia del Policías (Anapol), la noche del 11 de noviembre: “Quedé totalmente sorprendida (sobre el viaje de Evo Morales a México) y le pregunté a Fernando Camacho si sabía algo él y me dijo que sí, que eso se había quedado y ‘que mi papá me dijo que todo iba bien’, esas fueron sus palabras”, escribió la exmandataria.
“En ese momento no entendí y solo confié en él (Fernando Camacho), pero ahora puedo decir que yo asumí la presidencia sin que me hayan informado de acuerdos importantes que habían conversado en las reuniones de la Universidad Católica”, siguió.
