La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó este lunes en la Brigada Parlamentaria el Proyecto de Ley de Regulación de Protesta Social, que incluye sanciones contra quienes asuman medidas como los bloqueos.
Al cumplirse ayer ocho días de bloqueo de organizaciones afines a Evo Morales, los empresarios privados reportaron perjuicios y pérdidas de 675 millones de bolivianos, y plantearon la posibilidad de aprobar una norma que restrinja los bloqueos.
El documento conta de seis capítulos y 19 artículos.
El presidente de la FEPC, Luis Laredo, explicó que objeto de la propuesta de ley es regular el ejercicio del derecho a la protesta social, estableciendo los derechos y deberes de los manifestantes, los derechos del resto de la población, así como las responsabilidades de las autoridades competentes, en el marco del respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes vigentes y los tratados internacionales de derechos humanos.
El proyecto fue desarrollado durante dos meses. Hubo consultas e intercambio de criterios con los principales sectores económicos y empresariales e instituciones de la sociedad civil organizada.
“Este proyecto es de vital importancia, impulsado por la iniciativa como un aporte del sector para abrir el debate en la sociedad y que se genere una ley que responda a una de las problemáticas más graves que desangra la economía de la región y el país: la facilidad para interrumpir el libre tránsito de todos los bolivianos y la ausencia de sanciones ejemplificadoras para preservar la economía, el empleo y el desarrollo en desmedro de los derechos y libertades individuales».
El proyecto de ley incluye deberes de los manifestantes, como comunicación anticipada, identificarse, colaborar en mantener el orden público, respetar los derechos de los demás y no incitar a la violencia, entre otros.
Pero, también considera sanciones administrativas, según la gravedad de la infracción cometida por los manifestantes. Para las infracciones leves, amonestación escrita o multa de hasta el 10% del salario mínimo nacional vigente; para las infracciones graves, multa de hasta el 50% del salario mínimo nacional vigente y suspensión temporal de derechos civiles entre 15 días y seis meses; y para las infracciones muy graves, multa de hasta el 100% del salario mínimo nacional vigente y cancelación de derechos civiles por hasta dos años.
Entre las sanciones para personas jurídicas y organizaciones sociales proponen multas, suspensiones y decomisos y confiscaciones, además de pérdida de la personalidad jurídica y otras.
Respecto a acercamientos con parlamentarios, Laredo expresó que no contactaron con ninguno porque se trata de una propuesta del sector privado.
Entretanto, , respecto a la presentación de esta propuesta de ley, el diputado evista Jhonny Pardo manifestó que “hay que revisar si no vulnera la Constitución”.
