El “sistema judicial de Bolivia sufre los efectos de la interferencia política desde hace años”, remarca en su Informe Mundial de 2024, la organización internacional de monitoreo a los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Indica que el “presidente (Luis) Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”.
El informe también se refiere a la prórroga en el mandato de los magistrados.
Considera que se retrasaron las elecciones judiciales porque “por primera vez, el oficialismo carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar a los candidatos”. Afirmó que anteriormente “el oficialismo de turno llenó las listas con personas vinculadas al gobierno”.
Señala, además, que el mandato de las actuales autoridades judiciales finaliza en enero de 2024 y la Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga.
SIN PRUEBAS
HRW no encontró pruebas que sustenten el caso de terrorismo contra el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y considera infundada la acusación contra la expresidenta Jeanine Áñez por el mismo delito, según refiere en su informe.
“Human Rights Watch revisó los documentos de su detención y no halló pruebas que respaldaran la acusación de terrorismo”, dice el documento.
“La expresidenta Áñez permanece en prisión desde 2021. Inicialmente fue acusada de terrorismo. Human Rights Watch revisó los documentos de imputación y la proposición acusatoria y halló esa acusación infundada y manifiestamente desproporcionada”, señala.
En Bolivia, la Fiscalía acusó formalmente a Camacho y Áñez por el delito de terrorismo en el caso denominado Golpe de Estado I. Según el Ministerio Público, el excívico habría coordinado con policías y militares el derrocamiento de Evo Morales en 2019, mientras que la exmandataria era cómplice.
De manera general, HRW observó que los sucesivos gobiernos, tanto de Áñez como de Luis Arce, “se aprovecharon de una definición penal excesivamente amplia de ‘terrorismo’ para la presentación de cargos contra opositores”.
En 2020, el mismo organismo consideró que el proceso contra Evo Morales por terrorismo también era desproporcionado y debía retirarse.
TERRORISMO
Anteriormente, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron que se reforme el tipo penal de terrorismo, toda vez que su definición es amplia e imprecisa.
