La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó finalmente anoche el proyecto de “Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado-Gestión 2023”, luego de que “evistas” y opositores obligaran al Gobierno a retirar dos de las siete disposiciones adicionales de la norma, calificadas como “tramposas” y de “contrabando” por ambos bloques. La administración del presidente Luis Arce, sin embargo, no se dio por derrotada e interpretó la aprobación del reformulado como una victoria del pueblo boliviano.
RETIRO DE DISPOSICIONES
Unas horas antes del comienzo de la sesión del pleno del Legislativo, y luego de que tanto opositores como legisladores del ala radical del MAS anticiparan que no iban a aprobar las siete disposiciones adicionales del Gobierno, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció que la administración de Arce había decidido retirar las disposiciones adicionales 6 y 7 a fin de allanar la aprobación del proyecto de ley.
Tras conocerse esa decisión, tanto opositores como “evistas” insistieron en que no era suficiente. Sin embargo, después la instalación de la sesión del pleno del Legislativo, y luego de casi siete horas de debate, el reformulado fue aprobado por más de dos tercios de los presentes, es decir, con apoyo de la mayoría de los bloques “arcista” y “evista” y también con la mayoría de la opositora Creemos y algunos votos de los disidentes de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), entre ellos, la senadora Silvia Salame (CC).
Según el conteo de los votos, 22 de los 32 senadores que asistieron a la sesión votaron a favor de la norma y 10, en contra. En el caso de los diputados, 93 de los 123 votaron de manera afirmativa y 28 en contra; solo se registró un voto en blanco.
Así, el total fue 115 votos a favor de la aprobación del reformulado, 38 en contra y 1 en blanco. Así lo anunció el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pasadas las 22:10, luego de que concluyera el voto nominal, que, dicho sea de paso, fue interrumpido en varias ocasiones, con insultos y abucheos contra los que votaban en contra, de alcaldes y dirigentes “arcistas” que presenciaban la sesión.
“Para que se apruebe este proyecto de ley, se necesitaban 78 votos, que representan la mayoría absoluta. Pero, como nos acaban de informar, hemos pasado los dos tercios, con 115 votos. Por lo tanto, se aprueba el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado de la gestión 2023, con sus cuatro artículos, cinco disposiciones adicionales y una disposición abrogatoria y derogatoria. Por lo tanto, la ley queda sancionada, debiendo remitirse al Órgano ejecutivo para fines constitucionales”, dijo Choquehuanca a esa hora y, casi de inmediato, cerró la sesión.
El debate fue tenso y estuvo marcado por alusiones a la problemática de los incendios forestales.
DOBLEGADO
Si bien la mayoría de su bancada no aprobó el proyecto de ley, la senadora Andrea Barrientos (CC), celebró la decisión del Gobierno de retirar las disposiciones adicionales 6 y 7 y sostuvo que ello supuso una victoria para la oposición.
“Con éxito, le hemos doblado la mano al Gobierno nacional, consiguiendo que se abroguen dos de esas disposiciones tramposas, esas dos que atentan contra los derechos de la gente, contra la libertad de expresión”, afirmó.
El diputado Oscar Michel (Creemos), en la misma línea, dijo que la oposición se anotó una victoria sobre el Gobierno en el Legislativo. “Esta es una victoria de la oposición”, proclamó, antes de votar de manera afirmativa por la aprobación de la norma.
NO HABÍA EXCUSA
Para el Gobierno, la victoria fue para el pueblo boliviano. “El pueblo movilizado ha dado la talla y la prueba de que va a defender la economía popular”, defendió el ministro Montenegro, a quien varios asambleístas opositores y “evistas” achacaron la dilación en la aprobación del reformulado.
“El Gobierno nacional, el presidente Luis Arce, en ese ámbito de buscar la flexibilidad y buscar las soluciones, ha sugerido deponer dos artículos, pero también hay que advertirle al pueblo boliviano que, por culpa de estos malos asambleístas, que no han permitido que se aprueben enteramente estos siete artículos, podemos tener también repercusiones en nuestro sistema financiero”, agregó Montenegro, al remarcar que esas dos disposiciones adicionales “iban (dirigidas) a la lucha contra la corrupción y la legitimación de ganancias ilícitas”.
De todos modos, insistió en que “no había más excusas” y en que “el pueblo boliviano estaba de pie” por el reformulado y “por una gestión económica sin sabotaje”.
ELIMINADOS
Lo que indicaban las disposiciones eliminadas:
Sexta: “(…) la Asfi podrá requerir información a las sociedades controladoras de grupos financieros la presentación de información que requiera”.
Séptima: “Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la unidad de cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF, de buena fe, operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad, administrativa, civil y penal (…)”.
