Transcurrieron 20 años desde el día en el que Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y dejó el país. Ayer, a pocas horas de la conmemoración de la llamada “Guerra del Gas”, el exmandatario divulgó una carta abierta para recordar esos sucesos y cuestionó en ella “el despilfarro” de la riqueza generada en un tiempo de “bonanza” y una “división” alentada —en su criterio— por los gobernantes que tomaron el poder del país, precisamente, durante los últimos dos decenios.
Un día como hoy, pero en 2003, Sánchez de Lozada renunciaba a la primera magistratura, un cargo al que había llegado por segunda vez tras las elecciones de 2002. Su dimisión se produjo tras una movilización ciudadana que comenzó con bloqueos en el altiplano norte del departamento de La Paz y que continuó en El Alto, donde 67 personas fallecieron, especialmente entre 11 y 12 de octubre de 2003, cuando el Ejército escoltó a una caravana de camiones cisterna con combustibles para La Paz. Todos los accesos a El Alto estaban bloqueados y los vecinos exigían que se nacionalice la producción de gas natural y petróleo.
“Los gobiernos que me sucedieron cosecharon los frutos de las inversiones y acuerdos comerciales que, en paz y en democracia y con mucho esfuerzo construimos entre todos. El país gozó de la mayor bonanza exportadora de su historia, pero los nuevos gobernantes siguieron alimentando la división, despilfarraron nuestros recursos y desperdiciaron la ocasión que tuvo Bolivia en este tiempo. Creyeron que el éxito era suyo y se dedicaron a cambiar símbolos, a reescribir la historia según sus propios intereses y se aferraron al poder”, escribió el exmandatario, quien reside en Estados Unidos desde hace 20 años.
“El país ha vivido dos décadas de ilusiones traicionadas”, sentenció a continuación. Lo hizo tras recordar el contenido de la carta de renuncia que envió al Congreso y que había escrito la tarde del 17 de octubre de 2003 en la Residencia de San Jorge de La Paz. Allí había instalado el “war room” para enfrentar la crisis social y política que había desencadenado la protesta social en El Alto.
“En esa carta describí mi presentimiento de los días difíciles que venían para Bolivia. Me dolía la violencia y cada una de las pérdidas humanas que ocurrieron esos días. También quería creer en que al volver la calma se abrieran las puertas del entendimiento, dando oportunidad a que se cumplieran las promesas de los que habían provocado la crisis social y política que dejaba atrás. No fue así”, reseñó el exmandatario.
La carta abierta de Goni, como habitualmente se lo conoce en el país, incluyó una copia de la carta de renuncia que envió al Legislativo. En ella reivindicó el hecho de haber llegado a la presidencia por efecto del voto democrático.
“Rompió el silencio”
El expresidente ya había roto el silencio a mediados de junio, cuando propuso un nuevo texto constitucional que apunta a “restituir la República” sobre la base de las libertades ciudadanas y la institucionalidad de la democracia con menos poder para los políticos.
“El documento no está destinado a la política partidaria, sino a la sociedad en su conjunto”, escribió hace cuatro meses Sánchez de Lozada. “Sigo creyendo en el potencial de Bolivia y de su gente. Para alcanzarlo debemos evitar que las divisiones del pasado dicten nuestro futuro y lograr que la colaboración y el entendimiento guíen nuestras decisiones. Hay que lograr que el ser ciudadano signifique el derecho de buscar la prosperidad y disfrutar de las oportunidades que tenemos”, escribió ayer el expresidente, precisamente, para recordar el texto constitucional que planteó al país.
A finales de septiembre, familiares de nueve personas fallecidas en El Alto durante la crisis de octubre de 2003 lograron un acuerdo confidencial de indemnización tanto con Gonzalo Sánchez de Lozada como con Carlos Sánchez Berzaín, quien fue su ministro de Defensa en 2003. Sucedió en contexto de un proceso legal que se instauró ante la justicia de los Estados Unidos.
Las acusaciones que pesaban contra Goni y Sánchez Berzaín eran por crímenes de lesa humanidad; violación a los derechos humanos, a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona y de la libertad de reunión y asociación.
A pocas horas de la conmemoración de la llamada Guerra del Gas, ayer el presidente de la Asociación de Víctimas del 2003, Antonio Mamani, lamentó que el gobierno del MAS no haya atendido el pliego de peticiones. De este modo, recordó al presidente Luis Arce la exigencia de “una renta vitalicia” no solo para los deudos de los fallecidos, sino también de los 400 heridos, quienes en muchos casos quedaron con secuelas.
El abogado Roberto de la Cruz, quien fue dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto en 2003, señaló que hoy se celebrará “una misa con los familiares de las víctimas” en instalaciones de la Alcaldía Quemada de El Alto, una infraestructura que fue incediada durante las protestas de octubre de ese año y que quedó como “vestigio” de ese momento.
De la Cruz dijo que si bien no están en contra del cabildo que preparó la facción ‘arcista’ del MAS, “los familiares optaron por una conmemoración dedicada a los que fallecieron entonces.
Eso sí, cuestionó al MAS por no cumplir con la llamada Agenda de Octubre que tenía que ver con la “verdadera nacionalización de los hidrocarburos”, el juzgamiento penal contra Sánchez de Lozada, justicia para las víctimas y la reactivación de la economía nacional.
“Sabemos que no podrán extraditar a Goni Sánchez de Lozada por su edad, pero deberían intentar traer a Sánchez Berzaín, eso por una parte, pero lo que más preocupa es que El Alto y el país ya necesitan otra agenda de octubre que apunte al desarrollo”, remarcó el jurista, quien reclamó por mayores fuentes de empleo, así como mejores condiciones para que se pueda emprender en el país.
En el curso de los últimos 20 años, cuando Bolivia intentó negociar con Chile una salida al mar a partir de la exportación de gas natural, las relaciones entre ambas naciones estuvieron marcadas por episodios de tensiones y diálogos, “pero también silencios”, como el que se produjo por efecto de los pleitos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Desde 2018, el mar no está en la agenda y desde 2003, tras la Guerra del Gas, Chile dejó de lado la fórmula “gas por mar”, apuntó Gustavo Aliaga, diplomático y diputado por CC.
Este año, Bolivia negocia con Chile la “modernización” del gasoducto Sica Sica-Arica para importar líquidos.
