La Fiscalía solicitará en el juicio oral contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxána Lizárraga una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, por la internación de agentes químicos desde Ecuador durante la crisis de noviembre de 2019, informó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
Las tres exautoridades en el gobierno de Jeanine Áñez fueron declarados en rebeldía y acusados en grado de autoría, por el delito de tráfico de armas e incumplimiento de deberes, por la internación ilícita de agentes químicos en calidad de préstamo desde Ecuador.
La Fiscalía emitió la acusación formal con 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre ellas “el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, donde figura un militar y un policía boliviano, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, entre otros que serán presentados ante el juez durante el juicio”, explicó, citado en un boletín institucional.
Se conoce que enviaron de Ecuador, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, más de 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros (mm), más de 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 mm, 500 granadas de sonido y destello para exteriores. El material fue distribuido entre las Fuerzas Armadas y la Policía.
El fiscal Anticorrupción Bladimir Bolívar informó que en la acusación se llegó a determinar la participación de militares y policías en la internación ilícita de agentes químicos, como granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance, en calidad de préstamo.
“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 Quater del Código Penal, en el inciso V., que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, explicó.
Según las investigaciones, el 15 de noviembre de 2019 se definió hacer la solicitud a Ecuador en una reunión entre los tres exministros y autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
En ese momento, la exministra de Comunicación salió de la reunión y regresó con la noticia de que habría coordinado el préstamo de equipos antidisturbios con Ecuador y que debía hacerse el trámite logístico para el recojo.
Luego, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía la designación de personal de ambas instituciones, quienes fueron llevados directamente desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para constituirse a Ecuador y recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia.
