Una investigación de la revista InSight y del Instituto Igarapé estableció que la Amazonía boliviana está siendo devastada por la minería ilegal, la agricultura intensiva, los incendios, el narcotráfico y el tráfico de fauna silvestre, pero, además señala que esta situación se debe a que algunas de estas actividades que son ilegales en otros países no lo son en Bolivia.
“El país ha mantenido una doble retórica: por un lado, promueve leyes que abogan por la conservación del medio ambiente, mientras que, por otro lado, prioriza políticas de desarrollo económico a expensas de los bosques y la biodiversidad”, señala la parte conclusiva de la investigación, que tiene 76 páginas.
En ese marco, indica que “las fronteras entre lo legal y lo ilegal se han difuminado. Actividades consideradas ilegales en otros países de la cuenca amazónica siguen siendo áreas grises en Bolivia, como el permiso para iniciar incendios, las operaciones mineras en zonas protegidas y los controles sobre las importaciones de mercurio”.
La investigación concluye que “Bolivia puede aprender de las experiencias regionales cómo mitigar el impacto de los marcos legales ambiguos” y pone como ejemplo a Perú, que ha empleado medidas regulatorias como el establecimiento de registros especiales de importadores de mercurio para los pequeños mineros que aún utilizan este componente.
También cita a Colombia, que “ha implementado el Decreto No 723/2014 y la Ley No 1658, que han regulado exitosamente la comercialización de mercurio en el país”.
Otro aspecto que contribuye a los delitos ambientales es la corrupción, denuncia la investigación. “Prueba de ello es el hecho de que más del 80% de las cooperativas mineras funcionan sin la licencia ambiental necesaria, una práctica ilegal frente a la que el gobierno ha hecho pocos esfuerzos por abordar. Además, funcionarios de instituciones encargadas de la vigilancia y protección de los bosques y la biodiversidad han sido, en ocasiones, cómplices de su degradación. A cambio de dinero en efectivo, contratos o incluso dientes de jaguar, entidades legítimas colaboran con redes criminales para permitir la minería ilegal, el tráfico de tierras y el tráfico de madera y fauna silvestre”.
En el caso de las cooperativas mineras, el reporte indica que su expansión radica en su poder económico y político, que se traduce en apoyo electoral en favor del MAS, “a costa de la ruptura ambiental”.
El informe indica que “algunas de estas cooperativas sin licencia ambiental han recibido incluso concesiones mineras en áreas protegidas, donde han establecido alianzas con turbios mineros de China y Colombia. Además de utilizar equipos peligrosos, emplean sistemáticamente mercurio para recoger oro, una clara violación del Convenio de Minamata que Bolivia ratificó en 2016”.
Y respecto a la deforestación, la investigación indica que se debe a la demanda mundial de carne de vacuno y de la soya forrajera necesaria para producirla. “Las exportaciones de ambos productos están en máximos históricos. En 2022, Bolivia exportó 18.560 toneladas de carne de vacuno, alcanzando un valor récord de US$ 120 millones. Además, las exportaciones de soya aumentaron un 74,2%, generando ingresos por US$ 2.000 millones”, menciona.
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