Bolivia rechazó este miércoles el contenido del ‘informe sobre los Derechos Humanos 2023’ en el país que emitió esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos y que consideró como “un acto de injerencia e intromisión en la política interna”.
“El informe es un intento de afectar la credibilidad del país distorsionando la realidad boliviana y omitiendo mencionar los avances significativos en materia de derechos humanos”, señaló la Cancillería en un comunicado.
El pronunciamiento también menciona que el reporte utiliza “fuentes imprecisas” que comprometen la “veracidad del contenido” además de que no toma en cuenta “una gama más amplia de visiones”.
“Bolivia reitera su compromiso inquebrantable con la promoción y protección de los derechos humanos para todas y todos los bolivianos, basado en principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre los Estados”, finaliza la nota de la Cancillería.
CONTENIDO DEL INFORME
El informe menciona que el año pasado “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Bolivia”.
En el reporte se sostiene que la base son “informes creíbles” sobre cuestiones de tortura por parte de agentes gubernamentales, condiciones penitenciarias duras, detenciones arbitrarias, problemas de la independencia judicial, restricciones a la libertad de expresión y prensa, y violencia generalizada de género, entre otras.
Con respecto a las torturas, el texto señala que muchas de las investigaciones policiales “se basaban en gran medida en la tortura para obtener información” y en el caso de las mujeres detenidas incluyen la violación y la violación grupal.
“La impunidad policial fue un problema importante debido a la corrupción y la politización del sistema judicial”, afirma el reporte.
También se refiere al “hacinamiento en las cárceles” del país, en donde los presos no tienen medicamentos, sufren frecuentemente de dermatosis y tuberculosis, mientras que las mujeres embarazadas permanecen “sin servicios obstétricos”.
Asimismo, menciona que el Gobierno “no permitió” que los periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes religiosos visitaran a los “prisioneros de alta visibilidad”, como la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos”, subraya.
POLITIZADO
El informe señala que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos humanos, pero su enfoque estaba politizado.
Informe se refiere a la detención de Luis Fernando Camacho
En su informe, el departamento de Estado de los Estados Unidos, recopila cada uno de los hechos en los que se vulneraron los derechos al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca.
El documento, de 37 páginas, comienza detallando: “El gobierno generalmente permitió el monitoreo por parte de observadores independientes, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONG locales, jueces, organizaciones religiosas, legisladores y medios de comunicación.
El gobierno no permitió que medios de comunicación, periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho, y la expresidenta interina, Jeanine Áñez”.
También menciona que ·grupos de derechos humanos consideraron que el arresto de alto perfil y la detención del gobernador electo Luis Fernando Camacho, de Santa Cruz en diciembre de 2022, tuvieron motivaciones políticas, y abogados; comentaron que casi a diario hubo informes de arrestos arbitrarios de personas sin el debido proceso».
