El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró que el aumento salarial de este año estimulará la demanda interna y rechazó que se trate de una “medida política”. Mientras que los empresarios aseguran que esta decisión traerá “pan para hoy y hambre para mañana”.
“Hay que considerar que esto es un círculo virtuoso, porque este incremento va a posibilitar que haya un efecto de demanda para los bienes que se producen dentro de la economía y es un estímulo a la demanda interna”, dijo Montenegro.
El martes, el presidente Luis Arce y el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un incremento del 3 por ciento al salarial básico nacional y del 5,85 por ciento al mínimo nacional, bajo la premisa de preservar la generación de empleo, el crecimiento y la estabilidad económica.
Montenegro, en entrevista con la televisora Red Uno, explicó que la demanda interna es uno de los motores más importantes de la economía boliviana, en relación con el sector externo, que “se está volviendo a dinamizar, pero no de la manera que uno espera”.
“No puede considerarse que (el aumento del 3 y 5,8 por ciento) es una medida estrictamente política porque está basada, primero, en la reposición del poder adquisitivo, en el salario mínimo hay esa reposición y, adicionalmente, hay un incremento en el poder de compra y también en el haber básico”, explicó.
Montenegro insistió en que un incremento salarial es como inyectarle a la economía poder de compra “y eso va en favor de los propios empresarios a la hora de que se dinamice la producción y la demanda interna”.
Preocupación empresarial
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) considera que el aumento salarial anunciado es una medida que no está acorde con la realidad económica que enfrentan diferentes sectores productivos; en consecuencia, cree que la medida “genera pan para hoy y hambre para mañana”.
“Entendemos la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero creemos que esta decisión podría tener consecuencias devastadoras para el sector productivo privado y, por ende, para la economía en su conjunto”, advierte la CAO en un comunicado.
Por su parte, el sector constructor dijo que no está en condiciones de asumir el aumento salarial, que no corresponde a la realidad del país, y reiteró que debería ser el resultado de un análisis tripartito, técnico, separado de cálculos políticos y por sectores.
“Esperamos se considere nuestra posición y se realicen ajustes en mesas sectoriales de trabajo, para evitar daños irreversibles, como mayor desempleo, informalidad y el cierre de empresas”, se lee en el pronunciamiento de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz.
En la misma línea, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jaime Ascarrunz, dijo que el incremento salarial acordado para este año entre el Gobierno y la COB podría generar despidos en las empresas y más informalidad.
Recordó que el Estado es el mayor empleador, por tanto, el aumento ocasionará un mayor gasto público.
