Los tentáculos corruptos del caso Lava Jato (“lavacoches” en portugués) se extendieron de Brasil a una decena de países. En Bolivia, la pesquisa ha tomado un nuevo aire y la clave está en desenredar el pago de 51 supuestos sobornos por $us 4 millones.
La Operación Lava Jato cumplió en marzo una década de haberse activado. Es considerado el mayor operativo contra la corrupción en la historia de Brasil. Y tuvo un protagonista: la estatal Petrobras, que armó una arquitectura corrupta que movió al menos $us 8.000 millones y se esparció a un abanico de rubros, entre ellos la construcción.
Así, surgen nombres de empresas como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez… que corrompían a funcionarios de otras naciones latinoamericanas para hacerse de licitaciones, cargando los sobornos al costo final de las obras. Era un negocio redondo para todas las partes, con cifras de al menos siete dígitos.
MILLONES
Solo como ejemplo, ante la Justicia de Estados Unidos, Odebrecht confesó haber pagado más de $us 788 millones desde 2001, en una decena de naciones de América Latina. Las investigaciones provocaron terremotos políticos, con presidentes y exmandatarios, funcionarios que se sentaron en el banquillo de acusados.
Bolivia no escapó a este panorama. Odebrecht y Camargo Correa sentaron presencia y, según indagaciones, también sus maletines de dinero. Los indicios llevaron a que en 2018, la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial mixta de investigación, que pidió el inicio de un proceso penal contra los implicados.
El 14 de noviembre de ese año, se presentaban los resultados de cinco meses y medio de pesquisas. “Luego de hacer un rastreo de 179 personas, existen indicios suficientes para confirmar que el escándalo de coimas y dádivas llegó a Bolivia”, remarca el informe, elaborado tras entrevistas, viajes al extranjero y análisis de documentos.
Se apuntó a altos cargos de los gobiernos de Carlos Mesa (2003-2005) y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006), sobre todo ocho personas. Ante sus colegas, la entonces diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de la comisión, sentenció que “estamos hablando de sobornos, de algo éticamente reprochable. Estamos hablando de coimas”.
Posteriormente, en conferencia, Rivero subrayó que se hallaron tres indicios importantes: el típico modus operandi que las constructoras implicadas aplicaron en otras partes del mundo, periplos a Perú de funcionarios que coincidieron con gente de Odebrecht y movimientos económicos “inusuales y sospechosos”.
Corrupción
Otro punto clave, de acuerdo con la comisión, es que se recurría a “decretos de urgencia”, promovidos por personas de confianza que cumplían interinatos cortos para pavimentar el camino del negociado. Las decisiones se tomaban al máximo nivel para que el Servicio Nacional de Caminos (SNC) simplemente las aplique.
Este documento fue la base para el proceso abierto por el Ministerio Público, el 7 de enero de 2019. Cinco años después, el caso ha vuelto a la palestra, cuando a mediados de marzo, el diputado Carlos Alarcón, de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), dirigida por Mesa, fue citado en calidad de testigo y se acogió al silencio.
Alarcón fue viceministro de Justicia y ministro de Obras en el mandato de Mesa, y denunció una “represalia” por haberse desempolvado la investigación que había dormido “el sueño de los justos” durante años. Similar discurso emitió el expresidente Mesa. Al respecto, surge la pregunta: Qué indaga el caso Lava Jato en Bolivia.
En exclusiva, el fiscal José Rodríguez atendió a La Razón, y aclara que el caso no estaba en la congeladora. “El proceso no fue reabierto y nunca fue suspendido. Hay que tomar en cuenta que por tratarse de un proceso de investigación complejo se solicitó a la autoridad jurisdiccional más tiempo en la etapa preparatoria”.
Rodríguez señala que las pesquisas se activaron con el informe elaborado por la Asamblea, por indicios de irregularidades en la construcción de la “carretera pavimentada tramo Santa Cruz de la Sierra-Puerto Suárez”, en dos tramos: Roboré-El Carmen (adjudicado a Camargo Correa) y El Carmen-Arroyo Concepción (Odebrecht).
Proceso
“Los hechos se habrían suscitado durante la vigencia del proceso de proyección, prospección, negociación, licitación, contratación y ejecución de estos tramos, estableciéndose los años 2002 a 2010, en los cuales mediante acuerdos presuntamente irregulares se materializó un complejo mecanismo de corrupción mayor de similares acciones, procedimientos y a una particular manera de proceder que se repitió en países hermanos circundantes a Bolivia, para lo que se involucró a una serie de personas y elementos tales como: modalidades de contraprestación, modalidades de obtención de los dineros e identificación de destinatarios de los dineros”, explica.
Explica que se presume que las firmas brasileñas y sus aliadas bolivianas, ARG Ltda. e IASA, “lograron una participación ventajosa en proyectos, obras o concesiones otorgados por el Estado”, entre 2004 y 2007, “debido a acuerdos irregulares con autoridades, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. También estuvieron involucradas personas privadas, naturales como otras de existencia ideal (jurídicas)”.
Los indicios apuntan a que Camargo Correa y Odebrecht concretaron la adjudicación de los tramos carreteros en cuestión entre 2004 y 2006, a cambio de 51 presuntos sobornos que ascienden a cerca de $us 4 millones. “Los dineros de Odebrecht presuntamente habrían llegado a Raquel B. S., esposa de Marcelo R. S. B., cuyo perfil económico no coincidiría con los movimientos económicos que se presume ejecutaba; mucho menos puede resultar lógico y razonable el nivel de relacionamiento con empresas internacionales que realizan transferencias bancarias”.
Fiscalía
De acuerdo con Rodríguez, hay al menos 23 personas en la mira, entre personas privadas y jurídicas, y exfuncionarios. “El Ministerio Público investiga ‘hechos’, no delitos ni personas”, sostiene. Los posibles delitos en la carpeta son enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.
No hay detenidos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas es la que definirá los siguientes pasos en las pesquisas, las que se pueden extender al extranjero. “No se pueden dar detalles por el resguardo de la investigación”.
Ahora, se pretende citar a más personas para su declaración informativa, sobre todo a las ligadas con los implicados. “Es un proceso de investigación complejo por el número de sindicados”, y se solicitó seis meses más para realizarlo, indica Rodríguez. “Estamos dentro de los parámetros legales de los plazos”. Así, el caso Lava Jato todavía tiene mucha tela para cortar.
