El 67% de la población encuestada por la empresa Diagnosis asegura que la acusación contra el ingeniero Édgar Villegas es una “persecución judicial”. El experto destapó en 2019 el caso fraude electoral que terminó con la renuncia de Evo Morales, después que este anulara las elecciones generales, antes de huir a México.
La encuesta, realizada entre el 16 y 17 de marzo del presente año, señala que el 24% cree que Villegas supuestamente presentó pruebas falsas y ayudó al denominado golpe en noviembre de 2019. El 9% de los encuestados respondió que no sabe no responde.
Un total de 1.800 personas fue parte de la muestra en las áreas urbana y rural de los nueve departamentos del país, con un método presencial en hogares con soporte digital. El error muestral es del +/- 2,31%.
Villegas aseguró que “soy un perseguido político” y recordó que una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitada por Evo Morales y antes de renunciar, concluyó que entonces hubo “manipulación dolosa” en las elecciones del 20 de octubre de ese año y que se alteró “la voluntad expresada en las urnas”.
El diputado evista Renán Cabezas presentó en octubre de 2023 una denuncia contra Villegas y pidió cárcel para el experto en sistemas. En marzo pasado, la Fiscalía presentó la imputación formal por el presunto delito de instigación a delinquir.
En respuesta, Villegas dijo que es inocente de las acusaciones de Cabezas y que se defenderá con el apoyo de los bolivianos. “¿Cuál fue mi delito en 2019? Simplemente decir la verdad, salir en los medios de comunicación mostrando un estudio técnico sobre las irregularidades que habíamos encontrado (…) Quiero recalcar que dicho estudio se basó en los datos publicados por el mismo Órgano Electoral Plurinacional”.
El fiscal departamental William Alave informó el miércoles (3) que el juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz realizó tres observaciones a la imputación formal que hizo el Ministerio Público contra Villegas. Además, aseguró que no hay un plazo ni fecha para subsanar dichos errores.
«Esta imputación (por los delitos de instigación pública a delinquir) fue observada para que se subsanen algunos elementos de fecha, tiempos y momentos del delito. Estamos trabajando en ello», declaró Alave.
El mismo miércoles, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se inició una investigación para esclarecer la veracidad de la denuncia por instigación pública a delinquir que pesa sobre Villegas.
El Ministerio Público tomó en cuenta el estudio realizado por la Universidad de Salamanca, que negó irregularidades en el cómputo electoral del 2019, para imputar al ingeniero Villegas e ignoró el informe de auditoría solicitado por Evo Morales y elaborado por 36 expertos de la OEA.
El profesor universitario de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien en 2021 fue contratado por la Fiscalía General del Estado de Bolivia, emitió un informe en el que dijo que no hubo fraude en las elecciones anuladas de 2019. Ahora enfrenta una investigación en su país, acusado de fraude académico y de hacer trampa para “inflar”, con perfiles falsos, su influencia en el mundo científico.
