El economista y doctorante de economía de la Universidad de Valencia, Johnny Espinoza, propuso medidas para abordar la crisis económica en Bolivia. Sugirió liquidar las «empresas zombis» del Estado que están absorbiendo una parte significativa del presupuesto estatal, y abogó por reducir las subvenciones a los hidrocarburos y a la harina para disminuir el déficit fiscal y evitar una inflación similar a la de 1985.
En ese contexto puso en duda el éxito de la política de la industrialización que pregona el gobierno, porque que el 82% de las empresas públicas está prácticamente en quiebra, demostrando que el Estado es un mal administrador.
Dijo que la industrialización como tal es un lindo concepto, pero en manos de la empresa privada y que el Estado se quede con aquellas empresas que puedan sentar las bases de la producción nacional como el caso del mutún.
Indicó que el acuerdo firmado con los empresarios privados “es un chispazo de esperanza” en sentido que el gobierno pueda tomar en cuenta a este sector tan importante de la economía. Sin embargo, advirtió que, si no se encaran soluciones estructurales al tema del déficit fiscal, las reservas internacionales y el endeudamiento interno y externo, la amenaza de una inflación volverá con más fuerza y no se podrá avanzar mucho.
“Se nos viene una crisis y la mayoría de las personas no está considerando los verdaderos efectos. Los ingresos están en caída libre en un tercio cada año y para este año la exportación de gas solamente aportaría 1.400 millones de dólares y esto afectaría a las reservas internacionales porque hay un aumento en la subvención al diésel”, declaró.
Sostuvo que no hay condiciones para seguir sosteniendo el actual esquema de subvención, primero porque Bolivia es el país más endeudado de Latinoamérica, después de Venezuela; no hay capacidad del Estado para generar divisas y porque reciente baja al nivel ‘CCC’ redujo las posibilidades de contratar más créditos por el encarecimiento de las tasas de interés.
Explicó que la actividad económica interna se ha reducido en un 10%. “El problema se está poniendo grave. Yo estimo que será más o menos como una versión 2.0 de la crisis de la hiperinflación de 1985. A ese extremo se está viendo y la única manera de solucionar es a través de medidas de shock que, lógicamente, va impactar en sectores más vulnerables en medio de una inestabilidad política y social”, comentó.
Manifestó que la solución debe ser rápida a partir de la conformación de equipos interdisciplinarios que generen estrategias en base a un buen liderazgo y la participación de los agentes económicos, universidades y a los actores de la sociedad, despojándose de ideologías obsoletas como izquierdas, derechas, etc.
Espinoza aplaude el reciente acuerdo que logró el gobierno con la empresa privada, aunque considera que es una solución coyuntural ante la escasez de divisas, pero que es una oportunidad para rehacer las cosas.
Considera que, en este momento de crisis de divisas, el Estado debería dejar de lado el favoritismo político a los cooperativistas y tomar control de la cadena de producción aurífera, porque está demostrado que, si bien las exportaciones de oro llegan a más de 3.000 millones de dólares, esas divisas no ingresan pues al Banco Central de Bolivia, sino se van al contrabando.
Dijo que el oro manejado por el Estado ayudaría a reponer las divisas y las reservas internacionales casi de manera inmediata y supliría también al sector minero estatal que está en una situación difícil, como las remesas que están disminuyendo al igual que las exportaciones de urea que han caído de 140 a 40 millones de dólares.
El economista afirma que el país ha llegado a este punto crítico porque se ha politizado demasiado la economía y la justicia y ha sometido el interés nacional a los intereses políticos, ocasionando un gran daño, porque donde hay corrupción, es casi imposible lograr un desarrollo.
De acuerdo a publicaciones digitales, una investigación plasmada en el libro “Solo ruido, nada de nueces”, escrito por Julio Linares, dio cuenta en agosto de 2023, que durante el gobierno de Evo Morales se crearon 17 empresas. Esas empresas, a diciembre de 2022 tenían una deuda de Bs 46.068 millones, aunque el Banco Central de Bolivia refutó la cifra indicando se trata de Bs 36.384 millones. Esa publicación indica, además, que las 17 empresas perdieron más de Bs 4.000 millones entre 2007 y 2022.
