En Cotapachi, Quillacollo, hubo el 18 de agosto un enfrentamiento por avasallamiento de tierras. El conflicto dejó heridos por arma de fuego, lo que derivó en que la Justicia determine que cinco personas vayan detenidos a la cárcel de forma preventiva.
El diputado cochabambino Jhonny Pardo manifestó que estos conflictos son “el pan de cada día” y que se dan en distintos lugares del departamento. Ante esta situación, el parlamentario informó que promueve normativa para luchar contra los loteadores.
Los líos por loteamientos son frecuentes y, a veces, se tornan violentos.
En el caso de Cotapachi, tras haberse registrado heridos por arma de fuego, se dictó detención preventiva contra tres hombres y dos mujeres, quienes deberán cumplir reclusión en los penales de San Pablo de Quillacollo y San Sebastián Mujeres.
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Ellos son acusados de portación y tenencia de explosivos y armas de fuego, según informó el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC), Edson Coca.
El viernes, durante el enfrentamiento en cercanías de las Qollcas de Cotapachi de Quillacollo, los comunarios encontraron a Hortensia A. M (50 años), Maribel M.A (22), Limber M. A. (31), Jaime A. T. (60), Fidel C. P (26) y Sabina R.C. (39) en posesión de artefactos de riesgo y armas.
Entonces, los presuntos avasalladores fueron hallados con 24 cartuchos de dinamita, 12 granadas de gas, 98 proyectiles de calibre 7.62 y tres de 9 milímetros y una escopeta, calibre 21 milímetros.
Tras su aprehensión, fueron llevados a audiencia de medidas cautelares, el domingo.
En declaraciones anteriores, el abogado de los comunitarios de Cotapachi, Eduardo Mérida, relató aseguró: “no son de la zona, están armados hasta los dientes. A los pobres comunarios les han dado a tiros”.
NORMATIVA
El diputado Pardo, miembro del Comité de Hábitat, Vivienda y Servicios Básicos, lamentó que los conflictos por supuestos loteamientos sean frecuentes.
“Es el pan de cada día. Lamentablemente, hay alguna gente inescrupulosa hasta incluso propietario que se han avivado para, por el hecho de que viven en áreas urbanas y para poder aprovecharlo, vender lotes entonces. Se están avivando. Incluso, hay algunos dirigentes inescrupulosos que lo hacen sanear con INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), diciendo de que es como terreno comunal; y ese terreno comunal lo lotean, lo subdividen, cosa que no está permitido, según a la ley del INRA”, describió.
La autoridad acotó que hay quienes realizan el cambio de uso del suelo, así pierden el derecho de INRA y su terreno ingresa a área urbana.
“Hay mucha gente engañada así”.
El parlamentario dijo que presentó un proyecto de ley. El documento propuesto está en consulta con el Tribunal Agroambiental, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para que pueda seguir su curso.
Ese proyecto de ley plantea la modificación a la Ley 477, normativa que busca precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares.
“Lo que busca este proyecto de ley es la prohibición el negocio de las tierras. A los propietarios verdaderos, que tienen documentación, evidentemente les va a facultar. Pero, aquellas personas, incluyendo los profesionales que sean abogados, que sean trabajadores, extrabajadores de INRA o personas que están involucrados en eso, deberían ser sancionadas”.
Enfatizó que estos casos se conocen con frecuencia y que se debe desconfiar porque podría haber estafas, como cuando un lote de 300 metros se ofrece en alrededor de 2 mil dólares.
